Durante más de tres años, el tema de los alquileres ha sido un desafío persistente en Argentina. Aunque un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) ha mejorado la situación, su posible rechazo en el Congreso plantea incertidumbre. En una sesión reciente del Senado, se debatió sobre este DNU, generando tensión entre la Casa Rosada y la vicepresidenta Victoria Villarruel. La posibilidad de volver a la Ley de Alquileres derogada, incluida en el paquete legislativo, mantiene a inquilinos y propietarios en vilo.
Desde el Gobierno intentaron posponer el debate sobre el decreto, pero su propuesta fue rechazada en una reunión parlamentaria. La Casa Rosada advierte que rechazar el decreto sería un retroceso en los derechos del pueblo argentino. En el mercado inmobiliario, se teme que reintroducir la normativa lleve a una disminución en la oferta de viviendas en alquiler, especialmente en Buenos Aires, donde aproximadamente la mitad de las viviendas disponibles están valuadas en dólares.
La Ley de Alquileres, con ajustes anuales bajo el Índice de Contratos de Locación (ICL), ha enfrentado críticas desde su inicio, particularmente por los propietarios. Los contratos firmados después de la entrada en vigor del DNU están sujetos al Código Civil y Comercial de la Nación, con ciertas modificaciones para otorgar mayor flexibilidad en los acuerdos entre partes. La derogación de la ley ha resultado en un aumento gradual de la oferta de viviendas en alquiler y una desaceleración en los precios, aunque la situación genera incertidumbre sobre el futuro de los contratos existentes y la estabilidad del mercado de alquileres en general.
Fuente: Infobae